Uno de los aspectos más complejos que se plantea la Lingüística Forense tiene relación con garantizar la equidad social y lingüística ante los fueros judiciales. El ámbito judicial cuenta con muy pocos recursos para atender a la diversidad cultural y lingüística, cuyo correlato suele ser fundamentalmente de índole económico.
Las diferentes lenguas que manejan los ciudadanos no se corresponden con la hegemonía en el uso del español por parte de las autoridades judiciales, policiales y penitenciarias. Los testimonios e interrogatorios en estos ámbitos no tienen en cuenta los patrones culturales, los estilos sociales, que conllevan las diferentes lenguas y sus variedades, y sus efectos en la interpretación de las autoridades competentes. El rol de los intérpretes no nativos tampoco garantizan la transmisión de esos significados sociales y culturales en las causas judiciales. En ese sentido, el aporte de la lingüística permite considerar la variación en el uso del lenguaje como un aspecto fundamental a considerar en los procesos judiciales, como garantía de equidad jurídica y social.
Este ámbito de trabajo supone diferentes frentes: la administración pública, el ámbito jurídico (la sanción de leyes que repare las brechas sociales, económicas y lingüísticas de las minorías) y el judicial (la implementación de procesos justos y equitativos).